Sindicato de empresas estatales lleva a Hacienda a la Justicia por circular que restringe negociaciones colectivas

Las negociaciones colectivas en las empresas que reciben aportes estatales no son un tema fácil. Las limitaciones que instruye el Ministerio de Hacienda a los contratos colectivos que se acuerden dentro de estas firmas, en medio de las políticas de austeridad en el gasto durante la emergencia sanitaria, es un tema que en más de una ocasión ha significado enfrentamientos entre los trabajadores y el Ejecutivo.

Ahora, justamente por este tema, la Federación Nacional de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Cargas y Afines, presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Hacienda, por limitar -aún más- las negociaciones colectivas dentro de las firmas que reciben aportes del Fisco.

Una pelea de años

La última semana de julio, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, envió el oficio circular N° 28 a las empresas del Estado, dando nuevas instrucciones a las empresas para enfrentar las negociaciones colectivas.

En concreto, el jefe de la billetera fiscal instruyó que, a partir del primero de agosto, en todas las compañías donde el Estado tenga un aporte de capital igual o superior al 50%, el costo total del nuevo contrato colectivo que negocien con sus trabajadores no puede superar una variación real promedio de 0% en comparación al valor del instrumento colectivo hoy vigente.

La instrucción, además, ordena eliminar la posibilidad de pago de bonos de término de Negociación (BTN) una vez terminadas las negociaciones colectivas; y suspende "hasta nueva comunicación" la posibilidad de que las rentas de los ejecutivos de compañías estatales -en casos "calificados"- puedan exceder la remuneración mensual del presidente del Banco Central.

Si bien es una nueva instrucción, no se trata de algo que en sí sea nuevo. Ya que desde hace años la cartera limita las negociaciones colectivas al interior de las firmas que reciben aportes del Fisco.

Previo a la instrucción de Briones, en 2018 el anterior ministro de la cartera, Felipe Larraín, ya había dado una orden similar a más de 30 compañías estatales, aunque en esa oportunidad el reajuste real promedio anual se fijó en hasta 1% del valor del contrato colectivo vigente.

Lo mismo ya había sido instruido en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, cuando en 2017 el entonces ministro Rodrigo Valdés también ordenó limitar el alza de los nuevos contratos colectivos en la misma magnitud, lo que en su momento lo enfrentó con los trabajadores de BancoEstado.

El recurso

Ante esta situación, la Federación Nacional de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Cargas y Afines, el 3 de agosto decidió presentar un recurso de protección en contra de la circular, alegando que dicha instrucción "era un acto arbitrario e ilegal que vulnera, perturba y amenaza derechos fundamentales (...) esto es las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y la libertad de trabajo y su protección".

Sin embargo, en primera instancia, la primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso, señalando que la acción no reunía los requisitos que permitan declarar al recurso como admisible.

Ante esto, los dirigentes sindicales decidieron reponer el recurso, apelando al mismo tiempo a la Corte Suprema. Tras esto, finalmente la Corte de Apelaciones rechazó la reposición, y elevó la causa a la Corte Suprema para efectos de que conociera el recurso de apelación.

Tras varias semanas de espera, la Suprema revocó el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones y señalar que el recurso es admisible, por lo cual la entidad debe dar continuidad a su tramitación.

El recurso, si bien tiene como principal actor a los transportistas, cuenta con el respaldo de varias entidades más. A través de un comunicado, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de las Empresas del Estado, respaldado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), emitió un pronunciamiento apoyando a los trabajadores que recurrieron a la justicia.

"Como organización de hecho que agrupa a los sindicatos y federaciones de las empresas del Estado como Codelco, ENAP, Metro, Correos de Chile, TVN, Empresas Portuarias, Empresa de Ferrocarriles del Estado, entre otras, manifestamos nuestro completo apoyo a la decisión de nuestros compañeros de la Federación de Ferrocarriles de presentar este recurso, y a la resolución de la Corte Suprema que declaró admisible el libelo, permitiendo ir al fondo de lo que consideramos una decisión inconstitucional del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Sebastián Piñera, que vulnera garantías constitucionales y daña los legítimos procesos de negociación colectiva que durante años y en algunos casos décadas, llevan adelante las organizaciones sindicales de empresas del Estado", dice el escrito.

En esa línea, el comunicado hace un llamado al Gobierno generar instancias de diálogo con la CUT, la Confederación de Empresas del Estado y los eventuales sindicatos afectados por la circular, para abordar el tema.

"El Estado de Chile ha suscrito convenios internacionales de la OIT en materia de negociación colectiva y derecho de sindicalización, que como trabajadores de empresas de estado haremos cumplir, en todas las instancias posibles sean nacionales o internacionales", finaliza el escrito.

La causa, por ahora, seguirá con su tramitación en la Corte de Apelaciones.